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IRIGOIEN & PEREZ DE CALLEJA |
Notas de Actualidad Current economic issues |
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La Economía en la encrucijada Antxon Perez de Calleja La economía estable. Desde un tiempo a esta parte, y casi sin haber sido del todo conscientes, las creencias económicas mantenidas durante un largo periodo, el que discurrió desde el final de la segunda guerra mundial y la crisis del desarrollismo, han sido solemnemente desmentidas. Las políticas económicas que alimentaron la mayor onda de crecimiento de la historia han sido abandonadas, como barcos varados, y todos los reflejos condicionados que las rodeaban han tenido que ser modificados. La ciencia económica ha experimentado una mutación equivalente a la que representó el keynesianismo, al que ha venido a sustituir. Muchos todavía siguen sin haberse dado cuenta. Frecuentemente, los líderes sindicales se declaran escandalizados ante la pretensión del Gobierno de equilibrar el Presupuesto cuando todavía se mantienen tasas de paro muy altas. La creencia de que el déficit público ayuda a crear empleo era una idea profundamente incorporada a nuestra percepción de la realidad económica. Aunque los datos empíricos de los últimos veinte años se hayan encargado de desmentirla.
Cambios copernicanos de esta naturaleza se producen en la ciencia económica por una razón muy simple. La misma por la que en otras ciencias se abandonan las hipótesis aceptadas: porque dejan de aportar una explicación razonable y plausible a una serie de fenómenos nuevos. El keynesianismo, por ejemplo, fue la reacción lógica a la crisis financiera de 1929. Hasta entonces se suponía que las crisis económicas se resolvían por sí mismas. Keynes demostró que podía no ser así, que la economía desarrollaba rigideces específicas, y que era preciso una intervención activa de los Estados para garantizar el crecimiento mediante una combinación de políticas fiscales y monetarias.
La reconstrucción de la posguerra se alimentaría de estas ideas y pondría las bases para el crecimiento del Sector Público que, a partir de ese momento, se convierte en una especie de criada para todo. Aparentemente, la iniciativa privada era incapaz de asignar recursos eficientemente (hubo que crear bancos públicos), de ofrecer protección social o salud (que quedó nacionalizado en su casi totalidad), de desarrollar sectores específicos (naval, siderurgia, electricidad), etc. El capitalismo parecía inerme, desprovisto de la iniciativa, los recursos o las ideas necesarias para asegurar un desarrollo sostenido. El Estado tomaba el relevo, y lo hacía con tanta energía que muchos países acabaron por tener un Sector Público que representaba los dos tercios de la economía. Todavía, la media de la Unión Europea supera la mitad, un 52% aproximadamente.
No cabe la menor duda que la creación de un Sector Público omnipotente y dominador tenía un trasfondo político. La crisis de 1929 había supuesto un terrible golpe moral para el capitalismo. No solo era injusto; también demostraba ser ineficiente. La tentación ideológica del socialismo real, que aparentemente cosechaba éxito tras éxito en el Este, podía convertirse en un ejemplo a seguir que como bola de nieve irresistible barrería las últimas resistencias que se oponían a una revolución comunista.
La solución pactada fue la socialdemocracia. Se salvaba lo esencial del capitalismo como economía de mercado abierta a la iniciativa privada, pero se le pasaba una monumental factura: la de financiar un estado de bienestar, desde la cuna hasta la tumba, con la pensión, la salud y el desempleo como elementos fundamentales. La riqueza era creada a título individual pero el Estado socializaba una parte de la misma a través de un sistema fiscal progresivo y de las cotizaciones sociales.
Y este esquema funcionó. No sólo garantizó la supervivencia del sistema de libre empresa sino que resolvió los interrogantes del crecimiento económico. Dinero barato, estabilidad de precios (relativa), apertura internacional (progresiva), e inversión pública pasarían a asegurar un crecimiento sostenido. Durante muchos años parecía haberse conseguido la superación de las contradicciones: aumentaban los salarios y se creaba empleo, la economía crecía y el Sector Público también, es decir, los beneficios y los impuestos. El desarrollo del comercio internacional, apoyado en el dólar como moneda de reserva, el abaratamiento de las materias primas, y los procesos de integración económica (OCDE, Mercado Común) proveían de un marco excepcionalmente favorable a la aparición de nuevas tecnologías y al desarrollo de la división internacional del trabajo.
El esquema era tan perfecto que duró cerca de treinta años, un periodo de tiempo excepcionalmente largo. Pero a partir de los años 70, el modelo dio síntomas de fatiga: los déficit públicos se habían vuelto crónicos, la inflación parecía haber venido a instalarse para siempre, los tipos de interés subían, etc. Se pensó al principio, como siempre, que se trataba de fenómenos normales, de las contrapartidas inevitables de un proceso de crecimiento demasiado rápido, y que la solución era más de lo mismo: más intervención, más impuestos, más dirigismo. Además, un poco de inflación no venía mal y ayudaba a crecer.
Luego tres fenómenos a nivel mundial hicieron más difícil la prolongación de aquella época:
- La crisis norteamericana, en parte debida a la guerra del Vietnam. El dólar dejó de ser convertible, y la solvencia del sistema de pagos mundial, ligado a un esquema de cambios fijos, no volvió a ser la misma.
- La crisis del petróleo. Por primera vez, las naciones occidentales se enfrentaban a un shock externo que planteaba un problema de balanza de pagos aparentemente insoluble y atizaba aún más la inflación.
- Un nuevo orden internacional, en el que surgían países que empezaban a ser una competencia directa de los viejos países industrializados (Japón, Asia en general). Mientras, otros países, por el contrario, se sumergían en una crisis interminable (África, Sudamérica). A pesar de una brillante acomodación al famoso shock del petróleo (nuestras economías aprendieron a depender menos de una energía barata), los países occidentales parecían haber perdido la guía y el norte del crecimiento. Un fenómeno en particular, la estanflación, parecía inexplicable a la luz del paradigma keynesiano. La inflación no se convertía en crecimiento; derivaba en estancamiento. Había que buscar una nueva explicación, y abandonar viejos mitos. Esto no se hizo con facilidad. La socialdemocracia ha creado una sociedad de clases medias que defiende con uñas y dientes sus señas de identidad: estado protector en todas sus vertientes con ayudas, subvenciones, y créditos de cualquier clase y condición. En situaciones de crisis, la gente está dispuesta a admitir todo tipo de autoengaños; se generalizó una acomodación a la crisis perversa, un proceso que ayudaba a prolongarla: el mercado laboral se volvió rigidísimo, las prestaciones de desempleo se prolongaron indefinidamente, la edad media de jubilación se rebajó, ciertas empresas y sectores fueron mantenidos más allá de toda lógica (minería, naval, siderurgia). El Estado se había convertido en el último refugio. La solución excepcional se convertía en fórmula permanente: de parado a pensionista. Cuanto mayor era la necesidad de ajuste estructural, menor era la capacidad de la sociedad para adaptarse. A un enfermo de gripe se le convenció que tenía pulmonía y luego tuberculosis. Los mismos que habían defendido al principio que no había crisis, son los que luego defendieron que no tenía solución. Y es que la cultura de la dependencia podía ser muy rentable: los profesionales del paro y su economía sumergida, los sindicatos y sus cursos de formación, los políticos y sus planes de empleo, los empresarios y sus planes de reestructuración. Montones de ayudas que dejaban la tasa de paro como estaba pero que profesionalizaron a un buen número de empleados públicos o semipúblicos. El número de perceptores de rentas procedentes del Estado llegó a superar ampliamente al de los que lo obtenían de la empresa privada. Como muchas veces sucede, la reacción provino de una vuelta al origen. El movimiento pendular que nos había alejado del mercado nos devolvió a él. Si el peso del Sector Público en 1929 era desdeñable, empezaba a ser obvio que ahora era excesivo. El remedio era peor que la enfermedad, y por una razón muy sencilla: el intervencionismo había inhibido la capacidad de la economía para asimilar los cambios. Toda crisis tiene un lado positivo: constituye una destrucción creadora que mueve recursos humanos y de capital de sectores del pasado a sectores de futuro. El Estado había anulado esa y otras capacidades. Poco a poco, nuestra visión de los problemas cambió. El acento dejó de ponerse en la manipulación de la demanda (eso y no otra cosa es el keynesianismo que nació como una reacción ante una crisis de demanda) y pasó a los modos y maneras de reestructurar la oferta. El valor de la competencia en este sentido fue subrayado así como su impacto sobre los precios. Las supuestas bondades del déficit público y del crecimiento indefinido del gasto fueron puestos en cuestión. El Estado había pretendido demasiadas cosas a la vez. Además, se pusieron de manifiesto sus contradicciones políticas: tratar de ganar las siguientes elecciones casi nunca es compatible con una asignación de recursos que priorice el largo plazo y la sostenibilidad. Mucho gasto público tiene sólo virtudes electorales: ni crea empleo ni genera inversión pública ni ayuda a competir. Las limitaciones del Estado como empresario fueron haciéndose más y más patentes, empezando por su debilidad negociadora de cara a sus propios funcionarios. Y empezó a pedírsele al Estado que no resolviera problemas; bastante era que no creara otros nuevos. Las empresas públicas se privatizaron. Algunos servicios públicos pasaron al mercado, otros fueron delegados en empresas privadas. El Estado aparecía finalmente como el mal gestor que es. A pesar de que la inercia es inmensa, de que los políticos siguen decididos a ofrecer soluciones para todo, y los ciudadanos a pedir ayudas para todo, el papel que se asigna ahora al Estado tiene mucho más que ver con el patrón clásico que con el socialdemócrata: crear un marco estable y neutral en el que los individuos puedan desarrollar su iniciativa. Y este marco estable y neutral está relacionado, ante todo y sobre todo, con la inflación. El Banco de España antes, y el Banco Central Europeo ahora, tienen como primer y único objetivo la lucha contra la inflación. Porque la inflación alimenta el crecimiento salarial, eleva los tipos de interés, distorsiona la competencia, desincentiva el ahorro, genera problemas de gasto público (pensiones), y, en definitiva, destruye todos los supuestos que hacen posible evolucionar y competir, sin lo cual ni hay crecimiento ni hay empleo. Y para luchar contra la inflación hay que flexibilizar el mercado laboral (o si no los salarios se dispararán cuando nos acerquemos al pleno empleo, y aún sin ello, como nos ha sucedido en el 2001), hay que equilibrar el Presupuesto (para que el Estado no detraiga recursos financieros al sector privado), y hay que abrir todos los sectores, y especialmente los servicios, a la competencia. Al final, todos hemos acabado por darle la razón a Milton Friedman, que abominaba de la política fiscal y defendía una política monetaria neutral basada en el control de la masa monetaria en circulación, principio que todos los estados, los europeos entre ellos, han acabado por aplicar. Un ciclo se cierra, hemos vuelto al origen. Y es que después de 30 años de éxitos incontestables, hemos cosechado 25 años de fracasos no menos clamorosos. Incluso las clases medias se han visto obligados a repensar el problema y, al decir de algunos, se están volviendo liberales (mientras las cosas les vayan bien). Hoy todas las políticas aplicadas en el periodo 1975-2000 nos parecen pan para hoy y hambre para mañana: el aumento del número de funcionarios, el déficit público crónico, la nacionalización de empresas en pérdidas, el mantenimiento de monopolios (electricidad, telefonía, suelo), los planes de empleo, los sistemas de pensiones como régimen general y de reparto, etc. En este contexto, los Planes de Convergencia, y la creación del Banco Central Europeo, representan la mayor hazaña intelectual de los últimos tiempos, y la más eficaz herramienta para luchar contra el paro y la inflación, que son caras de una misma moneda. El hecho de que los Estados nacionales se hayan visto abocados a reducir o suprimir el déficit público, y hayan dejado en manos de un organismo independiente la política monetaria, representa un avance sideral sobre la situación anterior. Las bases para volver a tener ciclos de crecimiento prolongados han sido puestas de nuevo. Y los resultados han empezado a llegar. Mientras decíamos que nuestros objetivos económicos eran el crecimiento y el empleo, dejamos de crecer y destruimos montones de puestos de trabajo. Desde el momento en que hemos empezado a decir que nuestro único objetivo es la inflación hemos vuelto a crear empleo –como nunca desde los años 60- y a crecer moderada pero continuadamente. El rodillo del cambio afecta a nuestra visión de todos los problemas económicos que afrontamos: el empleo no es ya un problema de falta de crecimiento, sino una cuestión que tiene que ver con su extraordinario encarecimiento, con la rigidez del mercado laboral, y con una formación inadecuada al empleo que se está creando. La inflación no está relacionada con la demanda, a la que en cualquier caso no hay que dejar crecer más allá de los límites que impone la oferta monetaria, sino que tiene que ver con los monopolios, o la falta de competencia en ciertas áreas clave de la economía. Ya no le pedimos al Estado que aumente el gasto sino que baje los impuestos. Pero los viejos reflejos condicionados se mantienen y todavía siguen vigentes visiones de la economía ligadas al pasado. No hace mucho, el ministro de economía, Sr. Rato, encarecía la necesidad de moderar los salarios y los beneficios empresariales para controlar la inflación. No habría que moderar salarios si el mercado de trabajo fuera flexible (todavía tenemos una tasa de paro altísima) ni habría que moderar beneficios porque de ello ya se ocuparía la competencia. Algunos parece que no han entendido nada. O más bien, entienden que los principios y las reglas de una economía estable destierran cualquier tipo de arbitrismo y limita su capacidad de decisión. Pero está claro que la conducción de la economía reclama dosis masivas de mercado, apertura exterior y un respeto extremo a la opinión de los operadores internacionales, que detectan rápidamente cualquier violación de las reglas y castigan selectivamente en los tipos de cambios, en los flujos de capitales, en el servicio de la deuda, etc. Ahora que todos dependemos de todos, se ha creado de manera espontánea un juez internacional que valora a las economías y mide a los Estados. Nadie puede actuar contra esa valoración o desentenderse de ella. El precio a pagar en términos de expectativas –y de solvencia internacional- es demasiado alto. Europa lo ha entendido así y ha empezado a reaccionar. Empieza a ser consciente del abismo que se ha abierto con los Estados Unidos en términos de crecimiento y empleo. Y lo que es peor, el retraso tecnológico en ciertos sectores clave (informática, telecomunicaciones) parece de momento insalvable. Y es que los americanos nunca habían creído del todo en el estado-patrón, ni siquiera en los peores momentos del New Deal, y Europa sí. La empresa competitiva. De la misma manera que los economistas nos hemos visto obligados a revisar todo lo que sabíamos en materia de política económica, los empresarios han tenido que abordar una revolución equivalente en sus planteamientos empresariales. En uno y otro caso, el punto de partida es el mismo: la crisis. Eso que no enseña acerca de lo que hay que hacer pero sí informa, y muy bien, acerca de lo que no hay que hacer en ningún caso. Y la crisis fue tan profunda y violenta que dejó escaso resquicio al continuismo. En junio de 1992, la economía española literalmente colapsó. La capacidad de asimilación de las empresas se agotó. Y es que, al mismo tiempo, tuvieron que afrontar tres shocks de oferta terroríficos. - La peseta cotizaba a 65 unidades el marco, lo que hacía imposible la salida al exterior de las empresas.
- El tipo de interés básico del Banco de España se había situado en el 13,6%, lo que elevaba el coste del dinero hasta el 20 %, un coste real del orden de quince puntos.
- Las subidas salariales acumuladas a lo largo de los tres últimos ejercicios llegaban al 30%, cuando el producto industrial en términos nominales había crecido en el mismo periodo un 4%. Las bases de la crisis estaban puestas. Las empresas no pudieron aguantar más tiempo, y empezaron a reducir sus plantillas bruscamente. Entre 1992 y 1993, la economía española destruyó más de un millón de empleos y amortizó aproximadamente el 20% del tejido industrial del país. El año 1993 fue el peor de los últimos 35 años. Nunca se había caído tan bajo. Ni el famoso Plan de Estabilización de 1959 fue tan duro. Después de quince años de democracia y diez de socialismo, la conducción de la economía no había mejorado lo más mínimo. Se seguía funcionando con el mismo patrón, convulsivo y breve, de ciclos cortos y violentos, sobrealimentados por el gasto público y el crédito interno, detenidos en seco cuando chocamos contra la balanza de pagos. A la luz de los acontecimientos, se comprobaba que seguíamos sin aprender de las experiencias vividas, algunas tan traumáticas, y no tan lejanas, como la de 1977. Aquella se recondujo gracias a un pacto social –el de la Moncloa- pero esta crisis, al contrario, tenía su origen en el rechazo de cualquier planteamiento posibilista: la huelga general de 1988. La tasa de paro volvió al 24% y la situación laboral era peor que en 1982, a la llegada de los socialistas al poder.
Sorprendentemente, la salida de la crisis fue relativamente sencilla, y por descontado no tuvo que ver con la política económica. Los operadores internacionales descubrieron que la peseta estaba sobrevalorada, a pesar de formar parte de la “serpiente monetaria” del Sistema Monetario Europeo. Dos devaluaciones en 1993 y una tercera en 1995 rebajó el precio de la peseta entre un 15 y un 20 %, según monedas. Automáticamente, las exportaciones se relanzaron, al principio lentamente, luego a toda velocidad. Abandonado el intento de proteger la cotización de la peseta con altos tipos de interés, el Banco de España pudo proceder a una rebaja sustancial de su tipo básico. Dos de las tres variables fundamentales de nuestra competitividad se corrigieron espontáneamente, y en 1995, y a la vista de la enorme destrucción de empleo fijo que se había producido (el despido de los temporales no les había preocupado lo más mínimo), los incrementos salariales finalmente moderaron su crecimiento. Los empresarios, mientras tanto, no estaban parados. Obligados finalmente a tomar decisiones, adoptaron dos líneas de actuación absolutamente reactivas: redimensionar sus plantillas drásticamente, reduciendo el tamaño de las empresas a lo esencial, y rebajar el endeudamiento para luchar contra los altísimos gastos financieros que estaban soportando. A la inversa de lo que había sido la práctica habitual del empresario frente a la crisis, esta vez no hubo huidas hacia delante, es decir, intentos desesperados de seguir creciendo. Al contrario, esta vez se enfrentaron con la estructura de costes de la empresa, y con dos de sus principales componentes, los costes laborales y financieros. Sin esperar a que la política económica bajara los tipos de interés y moderase los salarios, los empresarios emprendieron por su cuenta una batalla sin cuartel contra los dos elementos que más negativamente habían afectado su competitividad. Y lo hicieron con un grado de radicalidad inusual. Como evidenciaban los datos de la Central de Balances del Banco de España, varios años después de la crisis, las empresas seguían reduciendo sus plantillas. Los efectos de estas dos medidas fueron espectaculares. Hasta 1993 una situación de estancamiento con inflación impedía a los empresarios repercutir los continuos incrementos de costos que estaban sufriendo, lo que condujo a la mayor parte de las empresas a sufrir fuertes pérdidas. En 1992, una muestra representativa de empresas vascas sufrió unas pérdidas evaluadas en cerca de un 9% sobre la cifra de ventas (8,6% exactamente), lo que suponía una verdadera sangría económica. No es de extrañar para nada que esta situación, prolongada a lo largo de cuatro ejercicios (1990-1993) supusiese la desaparición de numerosas empresas. Así que los despidos fueron una pura cuestión de supervivencia. En ese momento, los gastos de personal suponían un 27% de la facturación y los financieros un 5,2%. Tres años más tarde, en 1995, cuando apenas se estaba saliendo de la crisis, los costes de personal se habían reducido al 20 %, los gastos financieros al 2%, y los resultados empresariales eran ahora positivos en un 5,5% sobre ventas. Un cambio de panorama radical. Más de diez puntos de ahorro en la Cuenta de explotación. Una completa ruptura con el pasado.
Fuente: Caja Laboral Y de repente los empresarios cayeron en cuenta. Habían aprendido más con una crisis que con todas las expansiones de que habían disfrutado. No se trataba de crecer por crecer sino de administrar prudentemente, de cerrar las vías de agua por las que se iba la vida de la empresa. Instintivamente habían descubierto las dos más obvias, las que tenían que ver con los sindicatos y los bancos: los enemigos naturales de la empresa. Pero ninguno de los dos había conspirado contra el empresario; era éste el que se había puesto en sus manos, endeudándose en exceso o contratando más personal fijo del que necesitaba. Así que decidieron que aquello no podía volver a ocurrir. Y desde entonces han mantenido un sano temor a dios, es decir, a invertir más de la cuenta, o a contratar personal sin moderación. Pero una vez empezado el proceso, los empresarios descubrieron otras dos vías de agua igualmente importantes. Eran tan considerables como para hacerles comprender por qué las empresas habían ganado tan poco dinero en el pasado, incluso en las épocas mas boyantes, cuando podían elevar los precios todo lo que quisieran. Una de esas vías tenía que ver con una tendencia propia del pasado que había sido corregida con extremada lentitud: la excesiva integración de la producción. Probablemente porque no podían reducir la plantilla con la facilidad que quisieran, las empresas no se habían desprendido de funciones auxiliares o secundarias, y sobre todo no habían analizado con ojos críticos cuales eran los procesos en los que debían especializarse. Aprovechando la riada, las empresas se concentraron y decidieron subcontratar todo lo demás. De repente, la política de compras, una función que siempre había sido secundaria, adquirió una relevancia especial. Los ahorros de costes que se podían obtener con ella eran infinitamente mayores que los que proporcionaba una mejora de productividad. Desde hace años, la gestión de compras, incluso si no es hecha con demasiado rigor, lo que suele ser bastante frecuente, ha proporcionado inmensas ganancias en costes. El otro gran salto cualitativo lo proporcionó la gestión de calidad, uno de los puntos más débiles de las empresas, producto de una época muy larga en lo que lo importante era producir de cualquier manera. Buena parte del cambio en esta materia lo aportaron las grandes empresas del sector de la automoción, y sus políticas de homologación. La calidad dejó de ser un problema “de control” y pasó a ser una responsabilidad de todos. Las campañas “cero defectos”, o la propia renovación de los procesos hicieron el resto. Las pérdidas por mala calidad –por rechazos- empezaron a bajar espectacularmente. Y todos estos cambios tenían una nota común: provocaban una mejora espectacular de la Cuenta de Explotación sin necesidad de crecer, sin invertir, sin incorporar personal. Un cambio interno doblemente valioso porque no requería más medios sino que suponía hacer las cosas mejor y más fácilmente. Y recuperar el control. Sobre estas respuestas tan sencillas, las empresas experimentaron un giro copernicano. Nunca han ganado tanto dinero, nunca han exportado tanto (la asignatura pendiente de los ochenta que hubo que hacer en los noventa), nunca han tenido una estructura financiera tan saneada. La incorporación de jóvenes a los puestos directivos en los últimos años (una generación mucho más cualificada que la anterior) ha hecho el resto para asimilar innovación y cambiar los modos de hacer tradicionales. Una renovación que hubiera sido mucho más rápida y profunda de no ser por el lamentable mercado de trabajo que soportamos, la última herencia del franquismo. Está claro que los años noventa representan una ruptura con el pasado sólo equivalente a la que se produjo a partir de 1960, cuando se rompieron las cadenas del proteccionismo integral y la autarquía.
Paralelamente a este proceso, se producía un cambio cultural de alcance insospechado. Lo que al principio no fue más que un proceso de ajuste ha terminado por convertirse en el umbral de una revolución. Se trata de un cambio que se estaba incubando desde hace años, por lo menos desde los setenta, y que hablaba de la necesidad de romper la cadenas de montaje y dar mayor capacidad de decisión a los trabajadores. Pero esto no pasó de ser una teoría simpática que nadie sabía llevar a la práctica. En los últimos años, este cambio, que a mi juicio viene alimentado por la informática, se ha hecho realidad y los ejemplos concretos empiezan a multiplicarse. El resultado es un salto cualitativo. Realmente estamos saliendo de una revolución industrial, fundamentalmente mecánica y repetitiva, y pasando a una época caracterizada por la flexibilidad y el cambio basados en el conocimiento.
La empresa parece reflexionar sobre sí misma y pone en entredicho sus sistemas de dirección, sus organigramas y jerarquías. Se habían hecho demasiado grandes y complicadas para ser dirigidas de forma centralizada. Ahora se busca la participación y la autogestión para lo cual se disponen estructuras horizontales. Ya no se puede despreciar la capacidad de los empleados, incluso los de baja cualificación, para dirigirse a sí mismos. Por otro lado, en una economía de mercado las empresas no pueden permitirse el lujo de ignorar para qué sirven las cosas, y por qué los clientes las compran, o dejan de hacerlo. El fabricante ha dejado de suponer que sabe más que el cliente. Ahora lo necesita para diseñar el producto o sus prestaciones, para hacerlo más adecuado a sus necesidades. Así que los procesos son objeto de una revisión constante. Los grupos de trabajo son libres para tomar sus propias decisiones. La distancia entre mandar y ejecutar desaparece. El equipo es más importante que el jefe, y fija sus propias reglas. Lo más valioso (ahora de verdad) de la empresa es la gente: sus conocimientos, su experiencia, su capacidad para cuestionar lo habitual y conocido. Esta manera de actuar tiene grandes ventajas. Las inversiones (financieras) son menos importantes, los plazos se acortan, los fallos por calidad se reducen, la innovación se acelera, lo mismo que la evolución de los productos. Y todo esto ocurre de verdad. No constituye una visión profética acerca de lo que debería ser. Nuestra productividad –hoy en día la mitad de la alemana- puede crecer exponencialmente, y parte del retraso puede ser suprimido. Naturalmente, todo esto sólo está ocurriendo en unas cuantas empresas punteras del país -Irizar, Arteche, etc.- pero se generalizará rápidamente. Según José Luis Jimenez Brea (Arteche), los objetivos de este modo de gestión, que básicamente trata de “movilizar el capital intelectual” de la empresa, son los siguientes: a.- Evitar el despilfarro, entendiendo como tal todo lo que supone un coste para la empresa que no aporta un valor que el cliente reconoce (obsérvese la matización). b.- Solucionar los problemas allí donde se producen. Cada persona debe tomar decisiones y es un despilfarro tener que recurrir a personas de superior status. c.- Crear espacios de alta densidad de comunicación. Se fomenta la comunicación, se crean espacios propicios para la discusión, y la organización se basa en grupos de tamaño humano. d.- Diseñar el poder en base a la capacidad de las personas y no a su jerarquía. Las responsabilidades (y el salario) de cada persona vienen determinadas por los proyectos o equipos de trabajo de que forman parte. e.- Facilitar el cambio, es decir, la capacidad para rectificar y asumir nuevos retos: clima de confianza para que las personas aporten todo su potencial. Este planteamiento requiere una organización ad-hoc (grupos de trabajo), un sistema de información muy desarrollado, y un modelo valorativo por niveles de responsabilidad, con retribución variable según resultados, lo que pone en cuestión el sistema de valoración tradicional. La gente que tiene la posibilidad de decidir y toma iniciativas debe ser pagada en consonancia. Es el principio del fin del horario rígido, la organización compartimentada y rígida, y el trabajo fijo y para toda la vida. Tendremos que ser polivalentes y flexibles en empleos, tareas y horarios. La empresa se configura como un sistema de aprendizaje por el que fluyen conocimientos e informaciones que permiten corregir y mejorar constantemente, en un proceso de innovación indefinido. El punto de partida es muy simple: si conseguimos que los trabajadores aporten conocimiento e iniciativa (que piensen), ganaremos. Si sólo conseguimos que aporten la parte más rutinaria y mecánica de sus capacidades (que ejecuten), perderemos. ______________________________ La economía de mercado es la herramienta utilizada por las economías occidentales para actuar próspera y económicamente. Con todas sus limitaciones, que las tiene, canaliza flujos de conocimientos con los que todos, empresarios y trabajadores, aprenden de la experiencia, de la suya y de la de los demás. No lo hacen por espíritu de descubrimiento, ni por la ingeniosidad natural del ser humano, que existe. Lo hacen porque no tienen más remedio, porque de lo contrario la competencia les echaría del mercado o la crisis se los llevaría por delante. Desde los noventa hemos asistido a uno de esos raros momentos en que se abren paso nuevas convicciones fundamentales. Las economías toparon con unos límites que no podían rebasar, sobre todo por lo que se refiere al gasto público y a la inflación, y aprendieron a desarrollar un ciclo de crecimiento más largo. Las empresas se rebelaron contra la crisis, recuperaron la iniciativa y desarrollaron una nueva estrategia que les permite agilizar sus procesos de decisión, aligerar sus estructuras de organización, y aplicar más rápidamente los nuevos conocimientos para actuar de acuerdo con la regla de la economicidad: hacer más con menos. Como se ha hecho a lo largo de toda la historia, en un proceso que se ha acelerado enormemente en los últimos tiempos. No estamos ante el final de una época, esto es el comienzo de otra. Antxon Pérez de Calleja
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