LAS MUJERES EN LAS INSTITUCIONES POLÍTICAS

Gaceta Municipal de Vitoria-Gasteiz, nº 141, 2000

Autora: Arantxa Elizondo

        A lo largo de la Historia las mujeres que han ejercido un poder político reconocido no han sido muy numerosas puesto que hasta el siglo XX han estado excluidas de todas las instituciones políticas. El surgimiento y la progresiva extensión en Europa de los Estados Modernos durante el siglo XVI supuso una proliferación de organismos e instituciones de poder como los parlamentos, los incipientes partidos políticos y las administraciones públicas. El acceso a todos ellos sólo correspondía a una exigua minoría de la población. Posteriormente, a medida que el Liberalismo se desarrollaba e implantaba, fue ganando terreno la idea de que la participación política no debía ser un privilegio exclusivo de unos pocos sino que tenía que convertirse en un derecho universal. La aplicación de este principio en la práctica se refería únicamente a los varones. Por tanto, los gobiernos de los Estados Liberales que surgieron tras la desaparición del Régimen Absolutista siguieron excluyendo a las mujeres de todos los niveles políticos, desde el de dirigentes hasta el de votantes. Incluso después de la Revolución Francesa se les negó la condición de ciudadanas y hubo que esperar todavía más de un siglo para que el Estado de Derecho las considerase como sujetos de derechos políticos.

        Durante el siglo XIX las revueltas y protestas esporádicas de muchas mujeres disconformes con este estado de cosas se transformaron paulatinamente en un movimiento organizado. El objetivo central de sus reivindicaciones era la superación y la eliminación de la discriminación de la que eran objeto simplemente por ser mujeres. En la mayoría de los países occidentales la reacción en contra de estas ideas emancipadoras, tanto en el nivel político como social, fue muy dura pero a pesar de ello, el Movimiento Sufragista fue cobrando importancia, especialmente en los Estados Unidos y en el Reino Unido. La demanda del derecho a votar, base fundamental del Sufragismo, aglutinó diferentes sectores de mujeres y fue el punto de partida para que se plantearan posteriormente otros objetivos como el derecho a la educación, la cultura o el trabajo.

        Como consecuencia de las presiones ejercidas por el Movimiento Sufragista, en 1893 Nueva Zelanda se convirtió en el primer Estado del mundo que reconoció a las mujeres el derecho a votar. Le siguió Australia en 1901 y a lo largo de los años siguientes la mayoría de los Estados. En Europa Finlandia iniciaría el proceso en 1906 pero sería sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial cuando se extendería la implantación del sufragio universal en el continente (ver Cuadro 1). Las mujeres de algunos Estados tendrían que esperar todavía más de veinte años antes de poder votar.

LOS ESTADOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Presencia femenina en las instituciones

        El reconocimiento progresivo del derecho de sufragio universal en los diferentes países del mundo, proceso que se ha prolongado durante cerca de cien años, ha representado una de las más grandes conquistas del siglo XX. Como consecuencia, actualmente las mujeres de casi todo el mundo tienen la posibilidad legal de ser electoras y elegidas como representantes políticas, como parlamentarias y como miembros de los gobiernos. Esto significa que en las últimas décadas, a medida que se ha generalizado el derecho de sufragio femenino, las mujeres han ido incorporándose a la vida política en diferentes ritmos y medidas. Sin embargo, y con algunas excepciones, los datos reales muestran que aún hoy la presencia femenina en las instituciones políticas es muy pequeña. A modo de ejemplo, y por lo que se refiere a los Estados miembros de la Unión Europea, observamos que en 1996 el porcentaje medio de mujeres parlamentarias era de 15.5% y el de mujeres en los gobiernos de un 15.9% (ver Cuadro 2).

DE LA UNIÓN EUROPEA

        En nuestro entorno más próximo, aquí en Euskadi, la presencia de mujeres en los diferentes niveles institucionales ha aumentado desde la instauración del sistema autonómico vasco. A partir de la primera convocatoria electoral de 1980 el porcentaje femenino en el Parlamento Vasco se ha incrementado paulatinamente en todas las elecciones, pasando desde el 6.6% de la primera legislatura hasta el 29.3% resultante de las últimas elecciones autonómicas celebradas en 1998 (ver Cuadro 3).

EL PARLAMENTO VASCO (1980-1998)

        Por otra parte, la primera incorporación femenina a un Gobierno Vasco ocurrió en 1987 y desde entonces han sido cinco las mujeres consejeras. En el gabinete formado en 1994 por primera vez coincidieron dos mujeres, cifra que se repite en el actual equipo ejecutivo establecido en enero de 1999.

Actividades institucionales para la igualdad entre los sexos

        La presencia de las mujeres a las instituciones políticas no puede considerarse un asunto puramente cuantitativo. Con la importancia que tiene la cantidad de mujeres que acceden a los puestos donde se toman las decisiones políticas que afectan a toda la sociedad, no se deben olvidar los resultados de esa actividad institucional. Esto significa que también hay que exigir que las instituciones consideren los problemas y demandas que afectan de una manera específica a la realidad social de las mujeres. Es un hecho que hay cuestiones que inciden en la vida de todas las personas que forman parte de la sociedad pero también es incuestionable que algunos asuntos influyen de forma distinta en las mujeres y los hombres. Así, el desempleo es un problema general pero las tasas demuestran que las mujeres están más afectadas, por tanto, las instituciones tienen que integrar esta perspectiva en el diseño y elaboración de programas de empleo. Igualmente, las medidas que regulan todo lo referente a la maternidad inciden de forma directa en el modo de vida de muchas mujeres puesto que siguen siendo ellas quienes llevan la mayor parte del peso de las responsabilidades familiares y domésticas.

        Por otra parte, la violencia doméstica es una espeluznante realidad que afecta exclusivamente a mujeres y a niñas/os. Sólo durante el año 1999 fueron 42 las mujeres que murieron en el Estado español a manos de sus parejas. Cualquier decisión política destinada a erradicar la violencia contra las mujeres tiene que realizarse desde la perspectiva de género, es decir, asumiendo que hombres y mujeres viven realidades distintas en nuestra sociedad y que éstas padecen situaciones de discriminación por el simple hecho de ser mujeres.

        La igualdad entre las personas que conviven en la sociedad es un valor jurídico fundamental en los sistemas políticos actuales. Por ejemplo, la Constitución Española propugna en su artículo primero la igualdad como valor superior de su ordenamiento jurídico. El mismo texto constitucional contiene además otras referencias al respecto: por ejemplo, establece la responsabilidad de los poderes públicos en la garantía de la consecución efectiva de esa igualdad. A través de estas referencias se expresa la idea de que el mero reconocimiento de la igualdad no es suficiente, ya que se plantea la necesidad de remover obstáculos y promover condiciones para hacerla efectiva. En el Estatuto de Autonomía del País Vasco volvemos a encontrar el reconocimiento de la necesidad de avanzar más allá de la igualdad formal. El texto establece el compromiso de los poderes públicos vascos para la adopción de medidas encaminadas a promover condiciones y eliminar obstáculos a fin de lograr una igualdad efectiva y real. De alguna manera, vuelve a aparecer la contradicción que el Movimiento Feminista ha delatado constantemente: la igualdad en el plano formal y legal, siendo una condición imprescindible, no conlleva las condiciones estructurales necesarias para la igualdad real y efectiva.

        Además de las referencias explícitas en los textos jurídicos fundamentales también podemos mencionar algunas de las medidas establecidas por las instituciones vascas para lograr la eliminación de la discriminación de las mujeres. Dentro de este marco se ha desarrollado una estructura institucional para la igualdad entre los sexos, en la que destaca el Instituto Vasco de la Mujer- Emakunde, creado en 1988. Emakunde pretende la consecución de la igualdad real y efectiva de los hombres y las mujeres en todos los ámbitos de la vida política, económica y social del Pais Vasco, a través de la acción coordinada de las administraciones y mediante la promoción de la igualdad de oportunidades entre los sexos y la eliminación de todas las formas de discriminación de las mujeres. Aparte de éste, existen otros organismos en las administraciones forales y locales, usualmente dependientes de los departamentos de servicios sociales, que tienen la función expresa de planificar y gestionar diversos servicios destinados a solucionar las necesidades que presentan las mujeres.

        Sin embargo, las actividades a favor de la igualdad entre los sexos no se limitan a la intervención institucional: la acción social a este respecto se desarrolla fundamentalmente por el Movimiento Feminista y los diversos grupos de mujeres. Actualmente existen alrededor de 300 asociaciones de mujeres en la Comunidad Autónoma del País Vasco: 150 de ellas actúan en el ámbito sociocultural, 68 se dedican a cuestiones relacionadas con la formación, 57 se sitúan en la esfera de la reflexión ideológica y 25 en el área de la asistencia social (según datos del Informe de Emakunde Cifras sobre la situación de las mujeres, 1996, Vitoria-Gasteiz, Gobierno Vasco, pág. 234). Esta diversidad de grupos constituye un claro ejemplo de la pluralidad de intereses y demandas que se inscriben actualmente en el Movimiento de Mujeres en su conjunto.

En definitiva, ¿algo está cambiando?

        No cabe duda de que la incorporación progresiva de las mujeres a los diversos ámbitos de la esfera pública puede considerarse como uno de los fenómenos sociales más significativos de las últimas décadas. La tremenda transformación desencadenada por este proceso ha tenido múltiples manifestaciones en los diferentes órdenes de la vida social, económica y política. En los últimos años las mujeres han entrado en las organizaciones sociales y políticas así como en las instituciones; además, los partidos políticos y los sindicatos no sólo manifiestan su preocupación respecto a la discriminación de las mujeres sino que también hacen explícita su voluntad de aumentar la representación femenina en las instancias de decisión. La sociedad ha asumido en gran medida que la igualdad en razón de sexo es una cuestión prioritaria. Efectivamente, por tanto, podemos afirmar que algo ha cambiado. Sin embargo, es un hecho que las mujeres siguen siendo minoría en las instancias donde se toman las decisiones políticas. Si los partidos y otras organizaciones sociales y políticas han asumido de alguna manera su compromiso, si cada vez hay más mujeres con niveles de implicación política considerables, entonces, ¿qué está ocurriendo? La respuesta a esta pregunta es necesariamente compleja. Por un lado, las condiciones reales de vida de las mujeres están plagadas de obstáculos que dificultan el acceso de las mujeres a muchos ámbitos. Fundamentalmente, es la falta de tiempo derivada de la desigual distribución del trabajo familiar y doméstico lo que impide a las mujeres estar dispuestas y poder dedicarse a una intensa actividad política.

        No obstante, me gustaría señalar que hay un aspecto que no ha sido suficientemente explorado y que debería constituir un importante objetivo en la demanda de una mayor presencia de mujeres en los niveles de decisión. Actualmente hay muchas mujeres que muestran de hecho un gran compromiso y un elevado interés orientado hacia la política. El problema fundamental es que la vehemencia de esa actitud no se traduce en la intensidad de su participación, por lo menos, en la misma medida que en los hombres. La infrarrepresentación femenina no puede, por tanto, considerarse simplemente como una consecuencia de la discriminación general que padecen las mujeres. Siendo, obviamente, un efecto de esta situación tenemos que buscar interpretaciones más detalladas y específicas. Debemos trasladarnos hacia la consideración de ámbitos como la valoración social de las aptitudes que se consideran más adecuadas para dedicarse a la política; en definitiva, tenemos que enfocar la manera en que la sociedad define las características óptimas de quienes van a ser sus sujetos políticos y la forma en que las mujeres ven subestimadas sus propias capacidades en función de esa definición. Sólo si esa estrecha definición se ampliase e incluyese nuevos elementos, podríamos estar, entonces sí, ante un verdadero cambio.

        Hay quien se preguntará si es tan importante que haya más mujeres en las instituciones políticas, si realmente eso va a servir para mejorar las condiciones de vida de las mujeres en general. Yo digo que sí, no sólo porque es positivo sino también porque resulta necesario. Sabemos, y el Movimiento Feminista así nos lo recuerda constantemente, que la igualdad no es sólo cosa de las instituciones y que sería una ingenuidad pensar que la discriminación de las mujeres se resolvería simplemente con más mujeres en el Parlamento o en el Gobierno. Las mujeres, sólo por el hecho de serlo, no garantizan la representación de los intereses de todas las mujeres pero lo que sí podemos decir es que es inaceptable que estén representadas por instituciones en las que su presencia es muy pequeña. Por tanto, como ciudadanas las mujeres tienen derecho a estar ahí, a plantear directamente sus intereses y nuestras demandas.

        Como afirma la teórica feminista Susan Moller Okin, la representación política desigual de los sexos es particularmente injusta a causa del enorme impacto del poder politico en las demás esferas de nuestra vida. Además, la imagen de las mujeres se ve subestimada debido a su escasa presencia en posiciones de porder. El reconocimiento público que conllevaría la inclusión femenina en las instituciones políticas transformaría la percepción de las mujeres en general, aumentando el respeto social hacia ellas. En consecuencia, su misma presencia pública reforzaría su dignidad como seres humanos y sociales, lo que ayudaría a reducir las ocasiones en que se ridiculiza, se insulta, se agrede e, incluso, se mata a las mujeres.