El Consistorio de Hernani, salvo HB, mostró su
indignación por la levedad de las penas solicitadas por el
fiscal a los cinco acusados de insultar y agredir a varios
concejales en junio del año 95 y advierte que si hechos
"tan graves" no se castigan con severidad pueden verse
sometidos "nuevamente a la brutalidad"
Ingresa en prisión un joven radical por lanzar panfletos
amenazantes contra los jueces vascos
SAN SEBASTIÁN. (Redacción.) -- Los representantes de todo el
Consistorio de Hernani, encabezados por su alcalde, José Antonio
Rekondo, y con la excepción de los ediles de Herri Batasuna,
mostraron su indignación porque el fiscal rebajó las penas
solicitadas para los cinco acusados de insultar y agredir a los
representantes de la corporación durante el pleno celebrado el
17 de junio de 1995 a prácticamente la mitad y redujo las multas
"a una cuantía similar a la de una multa de tráfico".
Los concejales de EA, PSE-EE, PNV y PP consideran
"escasas" las penas solicitadas por la acusación
pública y señalan que "la posible sentencia, de
confirmarse en los términos inicialmente propuestos, es escasa y
de muy poco coste para hechos tan graves".
El alcalde y los grupos municipales, a excepción de HB,
mantuvieron en la mañana de ayer una reunió para analizar la
situación creada en la que acordaron hacer pública una
declaración conjunta en la que advierten que una sentencia leve
contra los responsables de unos hechos "tan graves"
abre la puerta para que este tipo de sucesos violentos se repita.
En el comunicado aprobado por la corporación, explican que ante
la levedad de las penas pedidas "no sería de extrañar que
dentro de un año, los representantes políticos vascos, en
general, y hernaniarras, en particular, nos veamos sometidos
nuevamente a la brutalidad de los que no creen en el sistema
democrático, ni acatan los resultados electorales que el pueblo
libremente decide".
Los firmantes del texto recuerdan que los insultos y las
agresiones que sufrieron los concejales de Hernani constituyen un
ataque personal, pero también un ataque contra el propio sistema
de representación popular. Sin embargo, reconocen, el proceso
judicial llega a su fase final con "un más que probable
pacto entre la fiscalía y la defensa". El juicio quedó
visto para sentencia el miércoles, después de rebajar el fiscal
las principales peticiones de condena: de un año a seis meses y
un día de prisión su petición de pena para tres de los
procesados por un presunto delito de atentado contra un
funcionario público, y de seis a dos meses para un menor de edad
acusado del mismo delito. Asimismo, redujo la multa de 300.000
pesetas para los cinco presuntos autores de un delito de
desórdenes públicos a 400pesetas al día durante cuatro meses.
Por otra parte, el juzgado de San Sebastián ordenó el ingreso
en prisión de Iker Fernández de Boadilla, acusado de atentar
contra la autoridad por su presunta participación en el
lanzamiento de panfletos amenazantes contra los jueces el fin de
semana del 18 de abril.
En los panfletos se proferían amenazas e insultos contra la juez
donostiarra Belén Flecha y contra el vocal del Consejo General
del Poder Judicial Emilio Olabarría. También amenazaba a otros
jueces que han expedientado a letrados euskaldunes por haber
rechazado a los traductores de euskera en las vistas orales.
Fernández de Boadilla tiene un largo historial judicial. Entre
otros, fue condenado en 1996 a cuatro años por incendio,
estragos y colaboración con banda armada y en 1992 fue detenido
y acusado por tenencia y transporte de artefactos explosivos.