En el polo negativo de las reacciones ante la "embestida" –Oldartzen- del MLNV se encuentra la descomposición paulatina de la unidad política que no logra recuperarse más que para volver a resquebrajarse más de lo que lo estaba.

Creemos que la razón del debilitamiento de la unidad de Ajuria-enea no es imputable únicamente al éxito de las estrategias de los impulsores de la "distensión". Esta razón hay que buscarla también en las actitudes de los partidos democráticos que forman parte del pacto.

En síntesis, la erosión y quiebra progresivas de la unidad política de los partidos democráticos puede tener, en lo que a actitudes, posicionamientos y estrategias propias se refiere, un doble origen:

• La beligerancia anti-nacionalista vasca de un españolismo democrático que siempre busca, impelido a ello por su clásico enfoque del "problema vasco", una posición de ventaja que se ha puesto de manifiesto en la actitud cicatera de los Gobiernos españoles a la hora de colmar las transferencias estatutarias y su actitud agresiva a la hora de cuestionar el liderazgo de las acciones por la paz a Ajuria-enea;

• La posición a la defensiva de un nacionalismo vasco a merced de las iniciativas de los vendedores de la distensión ya que, en general, mantiene una actitud desdeñosa hacia el conocimiento del proyecto de ETA lo que le hace, por lo tanto, vulnerable ante muchas de las iniciativas que, aunque vengan disfrazadas de pura inocencia, provienen del MLNV o sirven a su estrategia.

Estos dos factores son los que, en acción complementaria, están impidiendo que el pacto de Ajuria-enea responda a las expectativas que creó con su inmediata, unida y firme reacción ante el secuestro y asesinato de Miguel Angel Blanco. Cuando los ecos de este crimen se apagaron todo ha vuelto a ser peor que antes.

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Portavoces de diferentes ámbitos relacionados con el nacionalismo vasco han venido denunciando que desde el ascenso del PP al poder se ha puesto en marcha una vigorosa campaña de desprestigio contra el abertzalismo. El presidente de EA, Carlos Garaikoetxea, por ejemplo, ha definido esta campaña como "una ofensiva política e intelectual que ataca a los nacionalismos no violentos, asegurando que sus reivindicaciones dan fuerza a ETA".

Es muy cierto que el nacionalismo vasco se encuentra en el punto de mira de una ofensiva descomunal que, orquestada desde lo más fáctico del Estado, se ha recrudecido en esta etapa política y pretende abiertamente arrasar con todo lo que les suene a cuestión vasca. Sin embargo, es oportuno recordar que ésta no es una amenaza nueva y que es la debilidad de un nacionalismo a la defensiva la que ha permitido que este españolismo agresivo vaya ganando espacios que la falta de iniciativa política del nacionalismo ha obligado a éste a abandonar.

En efecto, la política de domesticación y linchamiento del nacionalismo no es nueva. De hecho, los puntos de apoyo de esta estrategia son los mismos que ha tenido siempre o, al menos, desde el inicio de la transición:

• La larga tradición de la Corte que siempre ha entendido la cuestión vasca como una cuestión de Estado,
• El despiste, incentivado por el anclaje del Estado en la postura anterior, que le lleva a creer que el nacionalismo es el hecho sustantivo en el ideario de ETA y que el leninismo es un mero adhesivo en el mismo.
• La posición, extendida bajo el manto de una determinada "progresía" que vindica para sí una vocación universal, de que el nacionalismo vasco, en la medida en que defiende la identidad y el derecho históricos, es una ideología reaccionaria y excluyente.

El discurso que se construye sobre el cimiento de esta estrategia condiciona, como si de una espesa niebla se tratara, la visión nítida del problema. Esta visión deformada es, en su origen, fruto de una concepción histórica errónea de lo que es la constitución de España como una nación dentro de los parámetros de la modernidad.

En ese proceso de constitución de la nación española, el escollo insuperable de la cuestión vasca se ha convertido en razón de Estado ya que impidió la articulación del Estado español en un ámbito de jurisdicción única donde la soberanía recaiga sobre un único sujeto, el pueblo español. Euskadi, los territorios históricos vascos, han sido y son cuestión de Estado debido a que el proceso de articulación de ese ente legal llamado España ha pretendido, de una manera acaso obsesiva, acabar con las peculiaridades políticas y culturales que configuran la identidad vasca.

Uno de los inspiradores principales del discurso de lo que podríamos llamar nacionalismo de estado fue Antonio Cánovas del Castillo que, tras juzgar a la "nación española" como "obra de Dios", creyó que cabría limitar la personalidad política de aquellos territorios en posesión de derechos políticos originarios a estar subordinada en todo momento "a la unidad superior de la nación".

Por tanto, aquí nos encontramos ante la doble vertiente del problema: por una parte, la constitución de España en un Estado moderno jacobino a imitación del modelo francés y sin llegar a conseguir la eficacia uniformizadora de éste; por otra parte, la resistencia del pueblo vasco a ser engullido por la uniformidad jurisdiccional de la nueva Administración. Este hecho ha sido el que ha ocasionado que la cuestión vasca se haya tratado como una verdadera cuestión de Estado. Este es, en definitiva, el hilo conductor que une a los absolutistas españoles con los franquistas y otros apologetas de la uniformización. La última disputa acerca del Concierto Económico, en la que se ha desatado la caja de los truenos por parte de infinidad de políticos y medios de comunicación españoles, demuestra con claridad el funcionamiento de este mecanismo. El síndrome de fragmentación del Estado que recogen algunas plumas (la "España a tomar por saco" del periodista Raúl del Pozo no es más que un ejemplo) muestra efectivamente el grado de interiorización del interés de Estado que subsiste en ellas.

Resulta un tanto ocioso decir que, en lo que a la actualidad se refiere, este enfoque del problema ha sido muy positivamente valorado por los revolucionarios del MLNV ya que el antagonismo recreado por esta cuestión les puede resultar muy útil para localizar en Euskadi un foco de destrucción del propio Estado. Subrayamos que el sentido que otorga el MLNV a la idea de "destrucción del Estado" se remite, no a su desmembración periférica, sino a la destrucción del Estado como aparato de poder en manos del capital.

El segundo de los puntos de apoyo de la ofensiva contra el nacionalismo vasco es el tremendo despiste existente en lo que a la naturaleza de ETA se refiere en los centros de decisión y en los circuitos informativos del Estado. El empeño en considerar la etapa que va desde 1833 –comienzo de la 1ª Guerra Carlista- hasta el momento presente como una continuidad histórica, en cuyo contexto ETA sería la genuina heredera de aquella generación de vascos que se enroló en las filas del pretendiente D. Carlos, constituye un ejercicio tan grande de simplismo que llega a inducir a sospecha .

La lógica imperante, la lógica del general Casinello, funda toda su estrategia en que el fondo de la ideología de ETA es nacionalista porque así lo parece soslayando profundizar más allá de la apariencia. Creemos que el trabajo que precede a estas líneas finales plantea argumentos suficientemente trabajados como para que, quien quiera refutarlos, necesite romper con el círculo vicioso de los tópicos y simplezas de los que tan dotado está el discurso político.

Por último, en el centro mismo de la citada ofensiva se encuentra la aportación de cierta intelectualidad promoderna que alienta, incluso desde el propio pais, el mito del "vasco reaccionario". La adscripción de una buena parte de los vascos al carlismo como modo de defender sus libertades, la apelación a la modernidad de los legitimistas, la sesgada interpretación en clave reaccionaria del discurso del primer nacionalismo vasco, la antipatía de los modernos por el recurso a la historia y a la tradición como claves de identidad y la coartada de una universalidad convergente con el más cerril españolismo son algunas de las claves que soportan la vigencia de este mito. Mito, por cierto, al que también se apela desde las filas del MLNV.

La decadencia del carlismo a fines del siglo pasado viene a refutar parte de estas teorías. Por otro lado, fueron liberales vasquistas los que impulsaron el foralismo como ideología y quienes marcaron la pauta que llevó al surgimiento del nacionalismo vasco. Estos liberales –Sagarminaga, Moraza, Campión, Olavide, etc,...- cuestionaron la modernidad que quería basarse en la uniformidad y defendieron a ultranza, con el soporte de la historia y la tradición, la peculiaridad vasca. Un autor como Solozabal, no sospechoso de simpatías con el nacionalismo, recrimina que "la brusquedad en la poda foral, la zafiedad y la poca ecuanimidad con que se realizó, suscitó en el Pais Vasco una reclamación generalizada y un sentimiento universalmente compartido ante la agresión". Más tarde, Sabino Arana protagoniza la reacción que, aprovechando la misma base etnocéntrica con la que se inventa España como nación e imitando el discurso mítico en el que se funda, crea el nacionalismo vasco.

Enfrente se sitúa, además, la universalidad antiidentitaria de un Miguel de Unamuno, verdadero antecedente intelectual de los nuevos apóstoles de lo moderno, que, en su discurso de los Juegos Florales de Bilbao, decía sobre el pueblo vasco y el euskera: "eres un pueblo que te vas...estorbas la vida de la universal sociedad, debes irte, debes morir, transmitiendo la vida al pueblo que te sujeta y te invade...Esa lengua que hablas, pueblo vasco, ese euzkera desaparece contigo; no importa, porque como tú debe desaparecer; apresúrate a darle muerte y enterrarle con honra, y habla en español".

Unamuno y los intelectuales del nuevo universalismo se encuentran, no obstante, con que la bandera que han izado para dar batalla a la peculiaridad vasca, lo universal, no tiene ningún referente concreto constituido. Ello hace que, en la práctica, la modernidad y la universalidad sean eufemismos manidos sin mayor objeto que el antivasquismo. Su ataque a lo particular, por lo tanto, comienza y termina por inscribirse en la españolidad más voraz y agresiva.

Hoy, para mayor abundamiento, la actual coyuntura de recrudecimiento de la ofensiva del MLNV ha dado vuelos a las ya clásicas campañas de desprestigio del nacionalismo. Los tres puntos de apoyo de la nueva cruzada ideológica vienen a concretarse en un mensaje ampliamente difundido, a saber, que el vasco es, por tradición, reaccionario, que el nacionalismo ha impedido e impide la consolidación del Estado y que la violencia es una patología inherente al ser nacionalista y al ser vasco. Ese mensaje no tiene otro objeto que imputar al nacionalismo vasco una especie de responsabilidad original en el terrorismo etarra. La intención de más largo alcance es aniquilar la percepción social de la identidad vasca, destruir la autoestima de todo un pueblo y que los vascos terminen por aborrecer su propia historia.

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El panorama derivado de la machinada de julio y la pasividad del nacionalismo ha favorecido, sin duda, la capacidad de iniciativa de los partidos políticos españoles. La posición del PP, como partido responsable de la gestión del Estado, no es nada cómoda ya que la división del mundo democrático acentúa su soledad política y ello le convierte en una víctima fácil del terrorismo de ETA. No obstante, tampoco es una posición inteligente porque mientras el MLNV descarga el peso de su ofensiva sobre todos los partidos políticos vascos y, con mucha virulencia también, sobre los propios partidos abertzales, la vieja identificación entre nacionalismo vasco y ETA se continúa atizando desde foros intelectuales, tertulias radiofónicas y televisivas y desde mensajes políticos sabiamente sesgados.

Al sufrimiento que los vascos colectivamente estamos padeciendo y al hecho evidente que los abertzales estamos luchando en los lugares donde el valor cívico y la firmeza democrática se tiene que mostrar desde una perspectiva más arriesgada, el PP le añade una cuota de demagogia política incentivando, con el resurgir de los viejos demonios antinacionalistas, el paralelismo del PNV y EA con ETA.

Si acaso, a corto plazo, ello pudiera redundar en una imagen atractiva y muy vendible de su opción, en la realidad lo único que se consigue es alentar la desconfianza, desgraciadamente bien fundada, del nacionalismo respecto al españolismo en un momento en que el imperativo de la defensa de los derechos fundamentales y la unidad en los valores de la libertad y la democracia se hace más urgente.

La utilización de la imagen de Miguel Angel Blanco y la de sus concejales asesinados, que es sin ninguna duda legítima, ha tenido episodios de zafiedad y desacierto evidentes. El PP y los medios de comunicación que le son más afines han pretendido equiparar la reacción vasca contra la muerte del concejal con la reacción española e, incluso, que han pretendido proyectar la imagen de que la primera era un apéndice de la segunda. El desgraciado acto de Las Ventas sirve mejor que cualquier gabinete de prospección sociológica para pulsar las claves de conciencia social y muestra que media un abismo entre ambas reacciones: la reacción vasca parte de una conciencia cotidiana de la violación de los derechos individuales y de la necesidad de zafarse del miedo a ejercer la libertad y al riesgo de expresar la repulsa cívica contra el terror y la extorsión cotidianos; una buena parte de los apóstoles de la reacción española, y para ello no hace falta sino asomarse a los medios de comunicación y a las tertulias, ha caído en el revanchismo antivasco más cerrado. No es, por lo tanto, extraño que se sospeche que, en muchas ocasiones, bajo esa demagogia se esconde una conciencia colectiva que da por buena la tortura y el asesinato perpetrados por el GAL y por grupos parapoliciales anteriores. La falta de una perspectiva autocrítica por parte de los partidos españoles resta mucha credibilidad a sus actos de fe y comportamientos.

La política antiterrorista de Jaime Mayor Oreja se está centrando en tres cuestiones que la diferencian de la política del periodo socialista: en una política de firmeza en el discurso y las actuaciones concretas, en una política de persecución de ETA desde la más estricta legalidad y en el intento permanente de trasladar el centro de liderazgo contra la violencia desde Vitoria a Madrid. Con las dos primeras pautas de actuación coincidimos plenamente. Rechazamos, sin embargo, ese empeño en cuestionar el liderazgo de Ajuria-enea, empeño que contraviene el propio espíritu del pacto y es un factor de división política de gran alcance. Las constantes interpretaciones que Aznar y Mayor Oreja han efectuado acerca del Pacto de Ajuria Enea dan testimonio de ello puesto que esa labor le tendría que corresponder al Lehendakari Ardanza, que está investido para esa tarea. Al final, parece que lo que se pretende es que los ciudadanos vascos hagamos nuestras las declaraciones del líder de UA, Pablo Mosquera, tras el asesinato de Miguel Angel Blanco:

La perspectiva que nos dan estas palabras queda bastante clara: la reacción social en contra del MLNV, la iniciativa de los partidos vascos y sus instituciones, el propio Pacto de Ajuria Enea quedarían subordinados a una instancia "más alta", "el gobierno de España" "el que tiene la capacidad para hacer leyes".

En el fondo, no puede haber otra cosa que:

• desconfianza en la acción leal y eficaz de un lendakari nacionalista con lo que nos encontraríamos ante el disparate de que es el gusto por las personas lo que guía la política por encima del respeto a los pactos políticos e instituciones.
• O, por otro lado, interés en que el pueblo vasco haga cesión de su capital político y de sus propios mecanismos de representación en beneficio del gobierno español.
• O, finalmente, ambas cosas.

Las coincidencias de estos hechos con las tesis del MLNV no dejan de ser inquietantes: del mismo modo que ETA pretende arrogarse la representatividad del pueblo vasco en una negociación, el gobierno español del PP pretendería que los agentes políticos vascos cedan su iniciativa, dejen la resolución del problema en sus manos. En ambos casos, tanto por parte de ETA como por parte del PP, la conclusión viene a ser la misma: el pueblo vasco, en todo caso, tendría la función de comparsa de cualquiera de las dos posturas, haciendo renuncia de su representación más directa y de su voluntad social.

El PP, en Euskadi siguiendo la estela de sus compañeros catalanes, se ha mostrado subido a sí mismo y un tanto desbocado en su carrera por impulsar una reacción social mezclada con episodios susceptibles de atizar discursos de base artificiosa y demagógica. En este sentido, el discurso de Carlos Iturgaitz en el Parlamento Vasco haciendo alusión a los udalekus de Zeanuri pone en seria evidencia la falta de capacidad del españolismo gobernante para encontrar espacio político fuera del recurso permanente al antivasquismo. Encontramos una evidente contradicción entre la retórica y reiterada petición del PP de la unión de los demócratas y los golpes de efecto de esta gisa que parecen buscar, insistimos, un espacio y un discurso propios en el terreno del antinacionalismo.

Desde esta perspectiva, totalmente centrada en los términos definidos en el apartado anterior en el que hemos definido los contornos de la ofensiva españolista, queda más en evidencia que la resolución del problema vasco, por la vía del autodesarrollo político, no se concibe como un acto de justicia sino como una cesión coyuntural aceptable o desechable según las circunstancias.

La cuestión de la transferencia del INEM se sitúa dentro de este contexto: mientras todos los partidos españoles plantean un discurso formalmente estatutario y tienen la osadía de solicitar la proclamación de un día del Estatuto –de un Estatuto que han intentado mutilar infinidad de veces y que, en 18 años, han vulnerado en todas las ocasiones- como oposición integradora al día de Aberri-Eguna, el gobierno del PP, aunque mucho más estatutario que los precedentes, niega una transferencia que nos corresponde en aplicación de la ley. La "unión de los demócratas" parece significar, en lo que al autogobierno se refiere, para los partidos españoles una bandera de pura conveniencia. Entretanto, de los pactos y acuerdos que suscriban con los nacionalistas vascos, cumplirán lo que no les quede más remedio que cumplir según su grado de debilidad política.

La postura del PP, además, se mueve en función de un sentido muy práctico de la oportunidad política. Cuando ETA planteó un alto el fuego de una semana y remitió su mensaje al Gobierno español, el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, hizo suya la respuesta dada por el Pacto de Ajuria Enea señalando y acreditando a ese foro como el más legitimado para dar una respuesta a la organización armada. Esta postura coyuntural entra en contradicción con todas las declaraciones y actuaciones que, desde las mismas instancias, cuestionan a Ajuria-enea el liderazgo de la política antiterrorista y con la política de restrictivo goteo de las facultades políticas que nos corresponden como fruto del pacto estatutario. De este modo, parece que se trata de implicar a la sociedad vasca en coherencia con el inicial espíritu de Ajuria-enea –que reconoce el protagonismo principal de la lucha por la paz a los vascos y sus instituciones autónomas-, pero manteniendo la salvaguarda de poder aducir el marco competencial como coartada del protagonismo que, eventualmente, el gobierno español quiera reclamar. Ese que se describe es, sencillamente, el marco adecuado para una dinámica de confrontación de intereses permanente.

En este mismo terreno, el PP ha mostrado una actitud mucho más entrometida que la de su antecesor del PSOE en cuanto a la fiscalización del Pacto de Ajuria Enea del que exige permanentemente una actuación subordinada a las estrategias de Interior.

Las incertidumbres creadas por estos posicionamientos en el seno de la sociedad vasca son las grietas por las cuales pretende filtrarse el MLNV. El cumplimiento de la legislación y la autocrítica democrática constituyen, todavía, las dos asignaturas pendientes de los titulares del españolismo político. No basta con darse palmadas en el pecho haciendo profesiones de fe o manifestar declaraciones grandilocuentes de servicio al pueblo vasco. Si el espíritu de Ermua queda constreñido a la interpretación que el PP viene haciendo del mismo, quizá consiga algunos votos de personas despistadas pero su contribución a la tarea de la pacificación y de la libertad en Euskadi seguirá siendo profundamente negativa.

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La reacción subsiguiente a la muerte de Miguel Angel Blanco ha sido una ocasión prácticamente desperdiciada para que el nacionalismo haga un nuevo análisis de la situación y pueda encabezar la reacción de una sociedad en la que es electoralmente hegemónico. En realidad, el nacionalismo ha vuelto a mostrar debilidad y desconcierto ante una actuación de ETA que no se había previsto y que colocaba a PNV y a EA ante la tesitura de tener que romper la línea de colaboración con HB que se había abierto en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco.

La sociedad vasca, en aquel escenario de julio 1997, demostró que quiere ser parte activa en la resolución de sus problemas relacionados con la violencia de ETA. Ello quiere decir, en una interpretación de los hechos no sujeta a manipulación partidista, que los vascos no queremos ser meros comparsas de un combate y/o componenda entre el Estado y ETA. De esta manera, el significado de las revueltas de julio revaloriza el papel de las instituciones vascas. La voluntad de nuestro pueblo de participar en la resolución de nuestros problemas no tiene mejor depósito que las instituciones propias. Es decir, es una voluntad que ha de ser gestionada aquí por los de aquí.

La fortaleza indiscutible del nacionalismo vasco, la misma que proviene de su inapelable implantación social y de la hegemonía política que se fundamenta en una fidelidad ideológica excepcional, era y es la condición necesaria para que el acontecimiento social de julio revalorizara la iniciativa y el liderazgo de la política de paz para las instituciones vascas. Los requisitos para una ofensiva que recuperara la centralidad política de Ajuria-enea en lo que a política de normalización se refiere estaban dados. Sólo restaba claridad de ideas, unidad a ultranza y capacidad de liderazgo en el nacionalismo.

De este modo, el nacionalismo, tras el cambio de escenario, podía plantearse ya una política de iniciativa, fundada en el capital revalorizado de las instituciones y a buen recaudo de los cantos de sirena del MLNV y del constante empeño de Madrid en arrebatar el liderazgo de los pactos por la paz a Gasteiz.

Sin embargo, la primera entrevista concedida por Xabier Arzallus tras los sucesos de Ermua cortó de cuajo las esperanzas de quienes creíamos en esta hipótesis de trabajo: "ojo con cambiar las cosas precipitadamente" dijo. Y a la pregunta "¿Sigue defendiendo la negociación con ETA?", respondió: "Ese es un tema que no es nuestro". La opinión oficial del PNV, por lo tanto, no había sufrido variación desde la emisión del comunicado aprobado por el Pleno del EBB el pasado febrero de 1997.

El citado documento, cuyo objeto era resolver la controversia interna en el que estaba sumido el partido y unificar los discursos de los diferentes cargos internos y públicos del mismo, manifestaba "al gobierno, en cuanto que se considera a sí mismo máximo responsable del orden democrático y de la paz social; y a ETA, en cuanto que exige una negociación con ese Gobierno para abandonar sus métodos violentos" que "ha de ponerse punto final a esta situación", que el PNV renuncia a "pretensión alguna de protagonismo" y que este partido participará "en cuantos movimientos de opinión...que tengan por objetivo crear un clima favorable" para ello.

El partido mayoritario de Euskadi exige, bajo palabras que indican claramente las dificultades que ha tenido el consenso interno que ha dado como fruto este texto, una negociación bilateral ETA-Estado. Sorprende esta conclusión. Parece que se corresponde con un debate poco sereno, y mediatizado por el estado de hartazgo total de quien admite no tener ninguna solución.

El espíritu de Ajuria-enea y, con él, la unidad política de los demócratas no encuentra acomodo en ninguno de los párrafos de ese documento. Este hecho queda resaltado cuando se le compara con el documento del Lendakari que, casi un año más tarde, conmemora el décimo aniversario del Pacto de Ajuria-enea y rememora la vigencia de aquel espíritu.

Cuando el PNV dice que se ha de negociar entre ETA y Estado reconoce, primero, capacidad de negociación política a ETA y hace dejación, segundo, de la representatividad que les corresponde a las instituciones vascas y de la iniciativa y de la responsabilidad política que el acuerdo de Ajuria-enea les reconoce para cedérsela, gratis et amore, a ETA y al Estado y les reclama que negocien, sin plantear condiciones y sin analizar las circunstancias.

Además, al modo de un mecanismo circular viciado, la posición política a la defensiva de los dirigentes del nacionalismo vasco viene reforzada por la agresividad de las dos estrategias externas al mismo, la de ETA y el Estado, que le producen, a su vez, una mayor dependencia de la iniciativa política de ambos ejes y una importante obstrucción de su propia capacidad de liderazgo.

En el primer caso, la razón de la dependencia viene dada por el aspecto táctico, del que el factor tregua es un componente, con que ETA presenta su alternativa. De una manera más clara podríamos decir que ETA y el MLNV disfrazan con una máscara abertzale o nacionalista un proyecto político que no lo es. De esta manera, seguimos creyendo inocentemente que "la violencia impide la unidad abertzale" en alusión a que, si no fuera por la justificación de la violencia como medio, HB podría engrosar con PNV y EA una unidad abertzale. Este es un grave error que nos ha llevado a anticipar determinados niveles de "unidad" con HB en municipios o iniciativas concretas o a sumarnos, más recientemente, a las iniciativas de sustitución del Estatuto formuladas por ELA o Elkarri. Como hemos señalado anteriormente con suficiente claridad, considerar nacionalista o abertzale (que es exactamente lo mismo) al MLNV es confundir la razón con la disculpa y la realidad con el espejismo.

En el segundo caso, el uso y el abuso del regateo en la política autonómica (hecho que ha sido una constante en todos los gestores del Estado desde el mismo momento de la aprobación de Estatuto) ha llevado también al nacionalismo a la desconfianza. Así, el nacionalismo ha optado por construir un discurso, principalmente en lo referente al tema del autogobierno, de la pacificación y sus colaterales, propio, diferenciado y que huye del compromiso a ciegas y de su integración en el magma del Estado. Por eso, es extraño ver al partido nacionalista mayoritario comprometerse en consensos estatales si no es a cambio de negociar el desarrollo del autogobierno pactado en 1979. Pero, a veces, este discurso incluye ciertos toques de ambigüedad, una posición defensiva que lastra de una manera importante la capacidad de iniciativa estratégica del nacionalismo vasco.

En fin, pese a todo ello, creemos que las condiciones de pujanza social y hegemonía política que vive deben animar al nacionalismo a encontrar la política acertada. A nuestro juicio, ésta pasa por romper la polaridad ETA-Estado, en la que los dos polos confluyen en excluir a las instituciones vascas del liderazgo e iniciativa en esta materia, y reclamar para éstas la gestión principal de la política de la paz.

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En la llamada "segunda fase" del Pacto de Ajuria-enea, el PNV ha propuesto incluir en la agenda de trabajo varios puntos de los que destacamos, debido a la aceptación que ha tenido entre los partidos nacionalistas, el referido al "respeto al ámbito vasco de decisión". En los últimos tiempos, con motivo del décimo aniversario de la formación del pacto, ha cobrado actualidad esta cuestión y tanto EA como IU han mostrado su apoyo a la misma.

Esta denominación de "ámbito vasco de decisión" es tan confusa que puede sugerir distintos significados e interpretaciones. Juan Mª Ollora denomina Ambito Vasco de Decisión al "derecho, la posibilidad, el reconocimiento para que una colectividad (un pueblo), de modo democrático y por procedimientos pacíficos, defina su status político, económico, cultural, así como el cuadro de poder de que quiera dotarse y con el que configure sus relaciones de otro orden con otras colectividades" lo que le lleva a plantearse la necesidad de responder a la pregunta de "cómo puede llevarse a efecto el respeto a las decisiones democráticas adoptadas en régimen de mayoría por la sociedad vasca".

Una primera interpretación posible del llamado "Ambito Vasco de Decisión" nos podría llevar a aceptarlo como una formulación "de hecho" de la autodeterminación o de un nuevo marco político que abriera una nueva fase de mayor efectividad del pacto a la hora de integrar a HB o que, en línea con la propuesta de ELA, configurara una nueva correlación de fuerzas. En este caso, el Ambito Vasco de Decisión sigue siendo una formulación abstracta que evita toda referencia a contenidos concretos y que se presenta como punto de encuentro o integración con HB y que puede llegar a ser útil a la estrategia de ETA y el MLNV. Basta para ello con que se presente como una fórmula diferente y alternativa a la del Estatuto de Gernika y a que su concreción se condicione, como lo sugiere el documento del Pleno del EBB, a un acuerdo con el mundo de ETA.

De esta manera, si llevamos a una abstracción política –el AVD en esta primera versión- al punto de representar la alternativa a lo concreto –el Estatuto- la primera adhesión que, sin ninguna duda, recibirá es la de aquellos que dicen "NO" a lo concreto y lo combaten con todos los medios. Es lógico que, para éstos últimos, el recurso a la abstracción no sea desdeñable ya que es un medio de lucha más, que puede ser útil para la ruptura de lo concreto.

Pero, por otro lado, esta idea del "ámbito de decisión" es muy semejante, tanto en su denominación como en su contenido, a la proposición berliniana del "ámbito de libre decisión". Isaiah Berlin sostenía que "el ámbito que tiene mi libertad social o política no sólo consiste en la ausencia de obstáculos que impiden mis decisiones reales, sino también la ausencia de obstáculos que impidan mis decisiones posibles" lo que, en el marco del escenario vasco, nos remite a las cuestiones concretas y condiciones reales en las que se mueve la política vasca. Este hecho nos debería obligar a que no soslayáramos que ETA y el MLNV,

• no conciben en Euskadi un "ámbito de libre decisión" sin subordinarlo al desarrollo de un "foco de lucha" interferido por un criterio de eficacia en la lucha contra el carácter burgués del Estado;
• vinculan el "respeto a las decisiones democráticas" de la mayoría vasca a que se adecuen a sus intereses concretos;
• son "obstáculos concretos" que han impedido que los vascos hayamos podido llevar a efecto nuestras "decisiones reales" y que impiden que adoptemos con entera libertad nuestras "decisiones posibles".

En todo caso, el Ambito Vasco de Decisión puede tener otra acepción más concreta que, como diría el mismo Berlin, "cuya disminución es incompatible con la existencia de algo que pueda llamarse propiamente libertad política". Para identificar ese "ámbito cuya disminución es incompatible con la existencia de la libertad política" ya existe un término social y políticamente aceptado como es Estatuto de Gernika, sin que haga falta idear ningún concepto nuevo que eluda nombrar la palabra "estatuto".

En este caso, tiene razón Berlin, la dosificación o el regateo en el proceso de transferencias atenta, en efecto, contra el ejercicio de las "libertades políticas" por el pueblo vasco. El mínimo "respeto a las decisiones democráticas adoptadas en régimen de mayoría por la sociedad vasca" exige el cumplimiento íntegro del proceso de transferencias de todas las facultades de autogobierno previstas en la norma autonómica. E, incluso, la disposición adicional estatutaria puede ser la clave que levante cuantos obstáculos impidieran las "decisiones posibles" que los vascos quisiéramos adoptar.

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En los apartados precedentes hemos puesto de manifiesto, a nuestro entender, la importancia del pacto de Ajuria-enea como símbolo de una política de pacificación diseñada en el país. Para ello, son absolutamente necesarios un mínimo deseo de permanecer unidos, un interés de recuperar el "espíritu y su letra" del Acuerdo de Ajuria-enea y un mínimo de lógica democrática que evite que se antepongan intereses sectarios y de partido al interés público de un único liderazgo de la acción por la paz, liderazgo éste que debe corresponder al Gobierno Vasco.

Ello, sin embargo, no ha sido posible. Desde la muerte de Miguel Angel Blanco, los momentos de unidad y de acción compartida no han tenido continuidad. La labor de liderazgo del lendakari se ha visto continuamente desbordada y, como hemos dicho antes, su papel de intérprete de los acuerdos entre partidos ha sido seriamente cuestionada. La mesa de Ajuria-enea se ha convertido, de nuevo, en una representación que reparte imagen a partes iguales entre todos sus componentes. Los partidos acuden a ella más deseosos de amortizar la cuota de prensa y comunicación que ese día les ha correspondido que a restablecer la unidad y el liderazgo que la mayoría de la sociedad vasca les exige.

La consecuencia es muy clara: esta dispersión de los partidos vascos debilita la tarea de las instituciones vascas y favorece, primero, a un MLNV que aprovecha todas las fisuras para zafarse de un cerco político que le hace mucho daño y le favorece, también, al españolismo gobernante que incentiva y aprovecha la debilidad interna del pacto vasco para apuntalar la iniciativa del Ministerio del Interior y el pacto de Madrid, ajenos (aparentemente, al menos) ambos a las disputas intestinas que aquejan a los partidos vascos.

En esas citadas disputas internas entre partidos, los partidos españoles tienen una cuota importante de responsabilidad. La actuación de los mismos, en subordinación casi total a la política de sus centrales madrileñas, se caracteriza por el hecho de que incentivan la división interna como modo de impedir un liderazgo vasco asentado en una base política sólida y coherente.

Sin embargo, tampoco los partidos nacionalistas pueden eludir su propia cuota de responsabilidad. La constante apelación a discursos y soluciones propias, de partido, que no se sujetan a los compromisos institucionales y la exigencia permanente de que sean aceptados los mismos en los foros unitarios –como el Pacto de Ajuria-enea- son asimismo caldo de cultivo de esa dispersión que si es nefasta para alguien lo es para el nacionalismo.

La situación de discrepancia y división que, como consecuencia, se ha formado es, evidentemente, "desdichada". En todo caso, como remachó en la misma sesión el propio Lendakari, "resulta más productivo andar juntos, aunque sea a paso más lento, que buscar atajos en solitario".