Los 'pisos patera' en los que malviven hacinados sobre todo inmigrantes irregulares se multiplican en las grandes ciudades, aunque empiezan a surgir actuaciones por parte de algunos ayuntamientos que intentan luchar contra un fenómeno, cuando menos, reprochable moralmente. La Policía Municipal de Bilbao ha remitido al juzgado la investigación abierta hace cuatro meses sobre una mujer, A.G.B., que mantiene alquilados por habitaciones a casi 200 personas en diez pisos en la capital vizcaína. Dueña de la mayoría de las viviendas, la imputada cobraba entre 150 y 400 euros al mes a los inquilinos, muchos de ellos inmigrantes en situación irregular, aunque también nacionales, por empadronarse en los domicilios.
Algunos de los 'huéspedes' ni siquiera residen en las casas, pero pagan el alquiler para obtener el padrón que les da acceso a ayudas sociales, a tarjeta sanitaria e incluso a la escolarización de los hijos, indicaron fuentes cercanas a la investigación. En los 'pisos patera' suele darse también el subarriendo. Los propios inquilinos realquilan a su vez a otros individuos. En uno de los pisos investigados, figuran once vecinos, con nombres como Hamed, Salman... En este mismo domicilio también está registrado el compañero sentimental de A.G.B.
El Ayuntamiento confirmó que los hechos fueron tipificado como una «presunta estafa o fraude» y que en el propio atestado se incluía una «llamada de atención por el tema de la fiscalidad», en referencia a que se trata de pensiones encubiertas que no han sido declaradas a Hacienda. «El alquiler es legal, el problema reside en que la señora podría estar ayudando a realizar trámites para acceder a ayudas sociales», señaló un portavoz del Consistorio.
La unidad de investigación de delitos de la Policía Municipal, comenzó a indagar en el caso. Los agentes descubrieron que detrás de al menos diez pisos se encontraba una pareja conocida por regentar pensiones.
Al bucear en el padrón, se encontraron con que en los diez inmuebles figuraban empadronadas 198 personas.Los investigadores tomaron declaración a varios inquilinos, algunos de los cuales admitieron haber pagado diversas cantidades por el alquiler. Demostrar que los dueños del piso reciben dinero a cambio era una de las claves para poder presentar el expediente ante el juez y la Fiscalía con posibilidades de continuar luego con las pesquisas.
El caso refleja una explotación de infravivienda con ánimo de lucro, pero la legislación no limita el número de arrendatarios que puede haber en un piso, por lo que «será el juez el que decida si es legal o no», precisaron fuentes de la Policía Municipal. A raíz del incendio en una pensión de Bilbao, en el que murieron tres hombres, el Ayuntamiento de Bilbao elaboró un informe jurídico dirigido al Parlamento español en el que solicitaba un cambio normativo que permitiera castigar estos desmanes.
